Ley de cupo trans

   Ser considerados humanos y pertenecer a un país específico nos abre las puertas a diferentes obligaciones y derechos. Lamentablemente, no todos, aún hoy en día, tienen la posibilidad de acceder a las mismas oportunidades. Uno de estos casos son los trans. Para remediar esta situación, el gobierno aprobó la ley de cupo laboral para personas trans el 17 de septiembre de 2015, proyecto iniciado por la asociación Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y la diputada del FpV Karina Nazábal. La misma tiene intenciones de asegurar la inserción laboral de los trans a un trabajo digno, estableciendo que le 1% del personal estatal provincial deberá ser travesti o transgénero mientras posean condiciones idóneas para el trabajo al que apliquen. 

   A pesar de que supuestamente todos deberíamos tener acceso a los mismos derechos por el simple hecho de ser seres humanos, es decir ser ciudadanos formales, la realidad es que estas cuestiones no se cumplen en el caso de, por ejemplo, los trans. Tampoco tienen ciudadanía sustantiva porque no siempre se respetan sus derechos, y consecuentemente, no pueden acceder a sus capacidades. Esto los deja afuera de la ciudadanía y de la posibilidad de que sus voces sean escuchadas. Esta ley, justamente, intenta lucha contra esa realidad. A su vez, los travestis no poseen ni un trabajo decente ni digno. La principal actividad de ellos es la prostitución. Esta actividad no regulada por el estado no brinda condiciones de higiene adecuadas, seguridad, horas máximas, capacitación, etc., por lo que no es considerada decente. Tampoco es digna, porque no hay autogestión. En cambio, están atados al maltrato, deseo y condiciones de los que los contratan. El no poder acceder a estas condiciones es otro factor que los aleja de poder ser parte de la ciudadanía.

   Algunas cosas cambiaron gracias a esta propuesta. El 1 de Febrero de 2017, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires anunció la incorporación de tres mujeres trans, Laura Moyano, Valentina Pereyra y Carola Macedo, a la Secretaria Legislativa. Pero estos tres casos son apenas un punto diminuto si consideramos la cantidad de travestis que siguen siendo rechazados y los que fueron parte de los despidos masivos a principios de 2016. A pesar de haber sido aprobada en 2015, la ley de cupo trans todavía no está reglamentada y la violencia y discriminación no desaparecieron ni disminuyeron. De esta manera, podemos destacar el caso de Leonardo Cisneros, un ciudadano ordinario que le hizo frente a la agresión hacia los travestis. Como cualquier noche, el travesti de esta historia se encontraba trabajando (prostituyéndose), hasta que dos hombres se le acercaron para solicitar sus servicios. Lo que comenzó como cualquier día de trabajo, termino en un robo que Leonardo intento detener, lo que le costó un balazo en el pecho y, posteriormente, su muerte.

   Algo muy interesante de esta ley es que se centra en el trabajo, dejando de lado otros aspectos de la vida en la que los transgeneros son discriminados. Por ejemplo, podemos citar el caso de Diana Sacayán, quien fue encontrada el 13 de octubre de 2015 muerta en su departamento. Gran promotora de la lucha trans, ella trabajaba en el INADI, era cronista de Pagina 12 y era reconocida mundialmente, pero poseía algo que la hacía propensa a un asesinato por odio, era trans. El promedio de vida de los trans es de 35 años y Diana vio su muerte a los 39 años, por lo que no pudo romper con las estadísticas. Para alguien que luchó toda su vida por esa ley, haber muerto sin poder verla en acción, es una lástima y nos debería ayudar a abrir los ojos como sociedad. Inclusive si consiguen trabajos dignos, los trans están expuestos a una discriminación constante por el simple hecho de haber elegido un género distinto al que biológicamente les “pertenece”. Diana tenía un trabajo digno y decente que la hacía feliz, y de todas formas, murió a causa de su decisión de cambiarse de género. Es intolerable que hoy en día sigamos luchando contra lo diferente, en vez de tratar de comprenderlo y utilizarlo para crecer como sociedad.

   En la otra esquina de la historia, nos encontramos con una opinión que refleja como la sociedad todavía no logró cambiar su modo de pensar. Algunos artículos explican que el tener que plantear esta ley, de un modo indirecto, visibiliza que no todos somos iguales ante la ley, lo que va en contra de nuestra constitución. Personalmente, consideramos que aunque la igualdad ante la ley sea un deseo justo, hoy en día se ve amenazada por la cultura y como es la relación entre las personas. Lamentablemente, existe la discriminación y la no aceptación de ciertas maneras de pensar o sentirse, lo que no nos perite considerarnos iguales. Sería muy hipócrita negar este hecho, por lo que es necesario obligar a aquellos negados a la igualdad, a proveer trabajo incluso a aquellos a los que consideran inferiores. Es esencial que esta iniciativa la tome el gobierno a través de una ley (es decir, que todos los ciudadanos deban cumplirla), porque de otra forma, estos grupos seguirían quedando desterrados de sus derechos.

   En conclusión, ambos apoyamos esta ley porque abre las oportunidades a un sector de la sociedad que normalmente es olvidado. Además, consideramos muy valioso que el gobierno tome esta iniciativa,  ya que al transformarlo en ley todos deben cumplirla y nadie, ni siquiera los que están en contra de los trans, se pueden negar. De todas formas, lamentamos que todavía no esté en práctica. La propuesta es valiosa, pero mientras no se accione, las muertes de transgeneros van a seguir apareciendo en las noticias, y las calles se van a seguir llenando de prostitución.